La Corporación La Caleta, con 40 años de trabajo comunitario y en su rol de agente activo en la Defensa y Promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, viene en expresar su profunda preocupación ante el «Plan Chile Cuida a los Niños», presentado por el Presidente José Antonio Kast en agosto de 2026.
El plan presentado, evidencia una restringida mirada de la Niñez, alejándose del paradigma de la protección integral consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (Ley N° 21.430), que establece que todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, y no meros objetos de intervención, con independencia de su situación particular. Al centrar sus ejes en la prevención y protección y en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad acreditada, el plan abandona la responsabilidad estatal con la universalidad de la niñeces que habitan en el país, visualizando solamente, las complejidades de la vida social de los niños como condiciones particulares y excepcionales, cuando los derechos de la Niñez deben ser garantizados para todos y todas, sin discriminación, lo cual se alinea con estudios que han identificado la persistencia de marcos interpretativos de enfoque tutelar en la política pública chilena, que focalizan en lugar de adoptar una visión universal de Derechos.
La arquitectura del plan traslada las obligaciones del Estado hacia las cualidades de crianza de las familias, limitando la obligación del Estado como garante de derechos, a pesar de que la Ley de Garantías establece que es deber del Estado adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos. El especial énfasis en enseñar a las familias a criar y la reactivación de programas que responsabilizan directamente a las familias de la solución de situaciones individuales, configuran un retroceso en el enfoque de Derechos reduciendo la intervención estatal a lo excepcional y dejando en manos de las familias la responsabilidad que el Estado no puede eludir.
Por otra parte, el plan, al hablar del imaginario niños, invisibiliza a las niñas y a otros colectivos como la diversidad sexogenérica y aquellos que no se ajustan al relato hegemónico de la familia, omisión grave que perpetúa discriminaciones arbitrarias y omite la necesaria perspectiva de género y diversidad en el diseño de políticas públicas.
Concebir nuevamente a las políticas para la Niñez desde una lógica de atención ante la emergencia no hace más que estigmatizar, limitándose al tratamiento de situaciones individuales y perpetuando un enfoque asistencialista que fragmenta el tejido social y no aborda las causas estructurales de la vulneración de derechos. La evidencia muestra que la respuesta estatal no puede limitarse a administrar la crisis, sino que debe promover un enfoque promocional, que transforme el modo en que el Estado se aproxima a la niñez, considerando variables como la intersectorialidad y la participación de los niños, niñas y adolescentes en la identificación de sus necesidades.
La Ley de Garantías obliga al Estado a levantar políticas, planes y programas con metas verificables más allá de los gobiernos de turno, por lo que esta no es una iniciativa de buenas intenciones sino una obligación del Estado en tanto garante de derechos. la presentación de este plan debe tener objetivos claros y metas verificables que permitan evaluar su impacto, y no solo enunciados generales, sumándose a esto la grave omisión de la evaluación de parte del Estado del plan presentado con anterioridad y las respuestas a las observaciones levantadas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, donde Chile arrastra un histórico de observaciones y recomendaciones no resueltas.
Finalmente, resulta contradictorio que algunas medidas del plan, como la asignación de recursos adicionales para el programa Chile Crece Contigo, coexistan con la reciente reducción presupuestaria a ese mismo programa y el recorte global al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que evidencia una incoherencia entre el discurso y la asignación de recursos que es fundamental para garantizar la efectividad de los derechos.
Desde La Caleta, reafirmamos que se requiere generar una cultura de corresponsabilidad, con una mirada integral que ponga en el centro a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Exigimos al Gobierno de Chile la revisión del Plan Chile Cuida a los Niños para que se ajuste a los estándares de la Ley de Garantías, atienda las recomendaciones del Comité de la ONU y asegure la universalidad, promoción e integralidad de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Corporación La Caleta
Santiago, Septiembre de 2026.
